La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso realizó una sesión descentralizada en Tumbes para evaluar el estado de importantes proyectos de inversión pública, la ejecución presupuestal y las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración regional.
La jornada estuvo marcada por la ausencia de la gobernadora regional encargada, Avelina Del Rosario Palacios Palacios, situación que fue cuestionada por integrantes del grupo de trabajo, quienes consideraron necesaria su participación para responder sobre diversos temas vinculados a la gestión pública, especialmente en los sectores de salud, educación e infraestructura.
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Sector Educación
Durante la sesión, representantes del Gobierno Regional expusieron información sobre la ejecución presupuestal y el avance de proyectos hospitalarios considerados estratégicos para la región. Entre ellos, el Hospital Regional José Alfredo Mendoza Olavarría (JAMO II-2), cuya situación continúa siendo evaluada, y el Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo (SAGARO II-1), una de las inversiones más importantes en salud.
Según lo informado, este último proyecto presenta un avance financiero del 60 % y un avance físico del 36 %, además de requerir recursos adicionales para garantizar su continuidad. La obra beneficiaría a cerca de 200 mil habitantes de la región.
No obstante, los integrantes de la comisión señalaron que la información proporcionada resultó insuficiente para absolver todas las interrogantes planteadas, por lo que se acordó solicitar documentación complementaria a las áreas técnicas correspondientes.
Sector Educación
Otro de los temas abordados fue la situación de la institución educativa Túpac Amaru, ubicada en el sector de Pampa Grande. Durante la reunión se alertó sobre el deterioro de su infraestructura, las deficiencias en los servicios higiénicos y las limitaciones que enfrentan docentes y estudiantes debido al estado de los ambientes y mobiliario escolar.
Asimismo, se expresaron preocupaciones respecto a presuntos actos de corrupción detectados en diferentes proyectos públicos. En ese contexto, el congresista Héctor Ventura sostuvo que los funcionarios involucrados en investigaciones o cuestionamientos no deberían continuar desempeñando funciones dentro de la actual gestión regional.
Pendientes de información
Por su parte, la presidencia de la comisión solicitó a los órganos de control mayores precisiones sobre el seguimiento de los casos en los que se han identificado posibles responsabilidades penales, tomando como referencia algunas obras públicas observadas en la región.
La sesión concluyó con el compromiso de continuar las acciones de fiscalización y seguimiento a los proyectos y servicios públicos, con el objetivo de garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado y la ejecución eficiente de las obras que demanda la población tumbesina.
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