La Defensoría del Pueblo intensificó el seguimiento de dos casos de conflictividad social registrados en la provincia de Zarumilla, relacionados con la suspensión temporal del servicio educativo en una institución de Matapalo y con el reclamo de trabajadores por pagos pendientes de una obra en el sector Nuevo Aguas Verdes.
Los casos fueron analizados durante una nueva sesión del Espacio de Coordinación Interinstitucional para la Prevención y Seguimiento de Conflictos Sociales, desarrollada por el Módulo Defensorial de Aguas Verdes. En la reunión participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, UGEL Zarumilla, Dirección Regional de Educación de Tumbes, Fiscalía de Prevención del Delito y las subprefecturas de Matapalo y Aguas Verdes.
Respecto a la I.E. N.° 100 “Manuel Catalino Farías Morán” de Matapalo, la UGEL Zarumilla informó que las clases fueron restablecidas luego de tres días de suspensión debido a una protesta de padres de familia, quienes demandaban la destitución de dos autoridades educativas. La entidad señaló que las horas dejadas de dictar fueron recuperadas mediante carpetas de recuperación pedagógica.
La Dirección Regional de Educación informó, además, que viene realizando visitas y seguimiento al caso, incluyendo el acompañamiento técnico a la institución y a la UGEL, la implementación de un plan de mejora institucional, el monitoreo del procedimiento administrativo iniciado por la Comisión de Procesos Administrativos y el fortalecimiento de las escuelas de familia para promover la asistencia regular de los estudiantes.
El segundo caso corresponde a los pagos pendientes a trabajadores de la obra del sector Nuevo Aguas Verdes. La Defensoría indicó que continúa recopilando información de las entidades involucradas para determinar las acciones adoptadas frente al reclamo laboral.
La institución señaló que el seguimiento permitirá identificar oportunamente nuevas alertas, demandas colectivas o protestas que puedan generar un escalamiento de la conflictividad. En ese sentido, continuará coordinando con las entidades competentes para contribuir a la atención de ambos casos, proteger el derecho a la educación de los estudiantes y garantizar el respeto de los derechos laborales de los trabajadores involucrados.
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